Forma de participación que permite influir en las condiciones (cómo, cuándo, dónde)  en que se desarrolla la gestión  pública para que cumpla sus fines.

• observaciones

• sugerencias o

• denuncias.

El concepto de gestión pública está asociado a los resultados de la administración pública, de orden político territorial y se ha definido como: “Un proceso dinámico, integral, sistemático y participativo, que articula la planificación, ejecución, seguimiento, evaluación, control y rendición de cuentas de las estrategias de desarrollo económico, social, cultural, tecnológico, ambiental, político e institucional de una Administración, sobre la base de las metas acordadas de manera democrática. En estos términos, la gestión pública debe buscar de manera eficaz y eficiente resultados frente a la reducción de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y, en consecuencia avanzar hacia un desarrollo integral sostenible. Esto implica desarrollar procesos de planeación estratégica y operativa, diseñar y poner en marcha estructuras administrativas apropiadas para el cumplimiento de los objetivos, dirigir la acción administrativa, conformar y manejar el recurso humano y adelantar las acciones de control y evaluación requeridas para ajustar el proceso de gestión.

El control social es una modalidad de participación ciudadana y puede entenderse como una forma de autorregulación social. El control social está relacionado con la rendición de cuentas, pues la información y el conocimiento que se genera en el ejercicio de la rendición de cuentas, es fundamental para el control social. Además, en algunas situaciones la rendición de cuentas surge como una exigencia del control social.

Por mandato constitucional, los ciudadanos colombianos tienen el derecho de controlar y evaluar la gestión pública, es decir, de juzgar y de valorar si lo realizado por la administración pública corresponde a lo programado y responde a las necesidades y derechos de las personas. El control social propone la participación inmediata de la sociedad en el control del Estado, como una forma de participación directa que complementa la democracia representativa. Pero este control va más allá de la fiscalización de los actos y resultados de la administración porque está presente en las diversas posibilidades de la participación social, desde la formulación hasta la aplicación de las políticas públicas.

De esta forma, el control social se asume como un derecho y un deber que tiene todo ciudadano, considerado individual o colectivamente, para prevenir, racionalizar, proponer, acompañar, sancionar, vigilar y controlar la gestión pública, sus resultados y la prestación de los servicios públicos suministrados por el Estado y los particulares, garantizando la gestión al servicio de la comunidad.